domingo, 20 de junio de 2010

Sobre niños en conflictos armados

Gracias a Inés Westphalen por el envío.

Uno de los pilares de la agenda de México en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la protección de los niños en conflictos armados. Un tema necesario, sin duda, pero del cual México no parece ser el mejor candil. Ayer, la canciller del país evidenció, sin quererlo, esta contradicción de principios.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, dijo en la sede de la ONU en Nueva York: “México reafirma hoy, aquí, su compromiso de velar por la protección plena de los civiles en los conflictos armados, en particular las mujeres y los niños (...) Los crímenes cometidos en contra de los niños no podrán detenerse si sus perpetradores permanecen impunes. Las violaciones graves a las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra y son los Estados miembro los que tienen la obligación primaria de investigar y enjuiciar a los responsables de tales ilícitos”.
Desconocía la funcionaria que, al mismo tiempo, en la ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descartaba la versión ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional de que la muerte de un par de niños —acribillados el 3 de abril por soldados, según sus padres— fue resultado de un fuego cruzado con narcotraficantes. Peor aún, dice la CNDH, es que el lugar de la balacera fue alterado y la camioneta de la familia fue baleada nuevamente, ya desocupada, en un intento por hacer creíble la versión del Ejército.
El informe de la autoridad, añadió el presidente de la comisión, Raúl Plascencia, “no tiene sustento ni apego a las evidencias (...) Las víctimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública”.
Es probable que detrás de este encubrimiento, además de la búsqueda de impunidad, exista un temor de que la difusión de la verdad disminuya el apoyo al Ejército entre la población, una consecuencia que beneficiaría a los criminales. Ese desgaste de imagen ya está en curso, secuela natural cuando una fuerza militar realiza funciones de seguridad pública. Pero deben entender las instituciones responsables que ocultar las evidencias resultará peor a largo plazo para todos, porque en adelante ya nadie creerá cuando la autoridad ofrezca un conteo de sicarios fallecidos que bien podrían ser simples transeúntes.
“Apoyamos medidas más enérgicas frente a aquellos actores que persisten en las violaciones de los derechos a las y los niños en los conflictos armados”, dijo ayer acertadamente la canciller. Ojalá sus colegas funcionarios en México entiendan esas palabras, no sólo para hacer justicia, sino también para resguardar la credibilidad de la “lucha por la seguridad”. (El Universal).

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) presenta en Ginebra el “Informe Alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados”.
El día de hoy La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) asistió a la pre-sesión ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde sustentó el “Informe Alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados”. Consideramos importante exponer el contexto que atraviesa México e invitamos al Comité a considerar la singularidad de este conflicto que muestra el poder del crimen organizado. Ya que aún cuando en México no existe una “guerra contra el gobierno por parte de una guerrilla” el incremento de la capacidad de fuego y poder económico del crimen organizado transnacional está colocando al país en una situación de grave fragilidad institucional, ya que se vive principalmente una lucha por el dominio territorial para el tráfico de sustancias. Se incrementan los homicidios y lesiones como expresión de la violencia contra la infancia en todos los estados del país. El clima de inseguridad en las áreas más pobres, zonas serranas y alejadas de posibilidades para empleo y educación. Especialistas calculan que aproximadamente treinta mil niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser utilizados y explotados por el crimen organizado para toda la línea de producción y tráfico de drogas. El Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de protección a niños y niñas de ser involucrados en el negocio del consumo de sustancias. En este sentido, tanto en el Protocolo Adicional como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se prohíbe el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 y 15 años, respectivamente. Por ello, esas normas deberían de poderse invocar ante los tribunales mexicanos y ser aplicadas por las autoridades nacionales. Sin embargo, en la práctica, se requiere que la legislación mexicana establezca expresamente la tipificación jurídica de las conductas prohibidas por el Protocolo. La Redim expresó su preocupación por que el Estado mexicano ha avanzado muy poco en la recomendación número 7 del Comité, que insta a nuestro país a armonizar las leyes federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pendientes, además de asegurar su aplicación así mismo, insta a asegurar que las leyes estatales sean compatibles con las Federales, en particular con la Ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de 2000.
Desatacamos algunas de las recomendaciones que presentamos en el informe alternativo:
Prohibir explícitamente por ley el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de las fuerzas armadas y el reclutamiento forzado y voluntario de niños y niñas menores de 18 años por parte de los grupos armados;
Reformar el artículo 133 de la Constitución en el sentido de conferir a los tratados de derechos humanos y derechos internacional humanitario el mismo rango que la Constitución;
Prohibir expresamente y tipificar como delito, mediante una reforma del Código Penal Federal, las violaciones de las disposiciones del Protocolo Facultativo relativas al reclutamiento de niños y niñas y su participación en las hostilidades;
Disponer explícitamente que el personal militar no debe participar en ninguna acción que viole los derechos enunciados en el Protocolo Facultativo, independientemente de cualquier orden militar que se dicte en ese sentido;
Velar por que los niños y las niñas que estudien en escuelas militares reciban una enseñanza acorde con los artículos 28, 29 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta su Observación general Nº 1 (2001), sobre los propósitos de la educación. En particular, debe impartirse formación sobre los derechos humanos, y deben enseñarse las disposiciones del Protocolo;
Crear una Defensoría de los Derechos de la Infancia a nivel federal, para investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones de derechos humanos, tomando en cuenta la Observación General No. 2 del Comité (2002) sobre “El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”.
El Gobierno Mexicano está invitado a reunirse con el Comité de Derechos de la Niñez en Ginebra, Suiza, para el próximo mes de enero del 2011 a fin de responder las inquietudes del Comité y explicar cómo atenderá la situación de violencia que viven niños y niñas desde que se declaró la guerra contra el delito organizado.La Red por los derechos de la infancia en México (Redim) ofrecerá seguimiento a este proceso y mantendrá informada a la sociedad mexicana de los avances que se logren en la legislación, la protección judicial y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la violencia contra niños y niñas.
Verónica MoralesComunicación EstratégicaRed por los Derechos de la Infancia en Méxicocomunicacion@derechosinfancia.org.mx56 04 24 66 Ext 118

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